(China.org.cn) — Casi un año después de que Estados Unidos promulgara una ley que prohíbe todos los productos procedentes de la región china de Xinjiang debido a una acusación infundada sobre trabajos forzados, algunos políticos del país exageran las medidas de cumplimiento y el escrutinio de las empresas que tratan de «eludir» la norma. Los analistas afirman que esta no ha conseguido la desvinculación con China y ha afectado gravemente el comercio internacional.
Las firmas estadounidenses serán objeto de fiscalización por «aprovechar» la consigna de «trabajo forzoso», declaró el martes Chris Smith, presidente de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China durante la primera audiencia de la aplicación de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uygur.
La sesión tuvo lugar después que los medios estadounidenses informaran de que el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos había incautado desde el pasado junio bienes procedentes o producidos en Xinjiang por más de 961 millones de dólares en virtud de la mencionada norma.
Las autoridades chinas y el gobierno regional de Xinjiang han reiterado su oposición a la misma, en vigor desde junio de 2022, y han indicado que la imputación carece de fundamento. Analistas y empresas –estadounidenses y transnacionales- también han criticado la regulación por dañar gravemente la cadena de suministro mundial y envenenar el entorno empresarial internacional.
«Estados Unidos persigue un fantasma», apuntó el miércoles Wang Jiang, experto del Instituto de Estudios Fronterizos de China en la Universidad Normal de Zhejiang. No ha encontrado ni un solo caso que demuestre su alegato de trabajos forzados. La ley sirve para perseguir a compañías con la excusa de los «derechos humanos», acotó.
Debido a su aplicación, firmas y clientes estadounidenses han tenido que pagar el aumento de los costes administrativos, precisó Wang, y añadió que la ley es también una forma de proteccionismo que viola las normas del comercio justo y vulnera la confianza en el mercado estadounidense.
La norma provocó polémica desde su primer día al obligar a las empresas a someterse a un autoexamen para retirar de sus cadenas de suministro todo lo relacionado con Xinjiang. Los productos de la región se han convertido en indispensables sobre todo en determinadas zonas. Por ejemplo, China produce el 22 % del algodón mundial, el 84 % del cual viene de Xinjiang, por lo que la ley también perjudica a las compañías de confección estadounidenses.
Con el repunte económico y la expansión del consumo poscovid, la influencia estadounidense es cada vez más limitada y es el país norteamericano quien sufrirá más, comentaron los analistas.
Wang señaló que difamar a Xinjiang ha devenido una carta de juego para algunos políticos estadounidenses en la carrera de ver quién es más radical hacia China, con algunos enfocados en Xinjiang y otros en TikTok.
Como miembro de la Cámara de Representantes por el distrito 4 de Nueva Jersey, Smith ha criticado la situación de los derechos humanos en China y, al parecer, ha presidido numerosas audiencias sobre el tema.
Perjudicar la competencia internacional y las órdenes de compra a partir de los derechos humanos es la táctica habitual de Estados Unidos para atacar a otros países y llevarlos a la ruina, afirmó Wang.
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