(RT) — A pesar de las intenciones declaradas de estabilizar las relaciones bilaterales entre Washington y Pekín, existen numerosos obstáculos para lograrlo. Uno de ellos es el Congreso de EE.UU., que se ha convertido en uno de los principales impulsores de la confrontación con China.
En la reunión del 15 de noviembre entre Joe Biden y Xi Jinping, los líderes estadounidense y chino expresaron su intención de «promover y reforzar el diálogo y la cooperación entre China y EE.UU. en diversos campos».
Un día antes de este encuentro, la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad Estados Unidos-China publicó un informe anual para el Congreso estadounidense en el que afirmaba que «el resultado de las reuniones de alto nivel entre EE.UU. y China fue simplemente una promesa de más reuniones, es decir, más conversaciones en lugar de acciones concretas».
El informe concluía que, a pesar de las nuevas rondas de compromiso diplomático, la trayectoria de las relaciones entre ambos países no había hecho más que empeorar.
Las preocupaciones de la Comisión reflejan muchos sentimientos en el Congreso. Las competencias de este le permiten tener una gran influencia en la política exterior y la estrategia de competir a largo plazo con China.
Consenso bipartidista
A pesar de las diferencias ideológicas, los miembros del Congreso muestran un alto nivel de consenso bipartidista en sus opiniones sobre la política hacia China. Las preferencias políticas de los congresistas varían en su enfoque de los aspectos militares, ideológicos y económicos de la rivalidad entre Estados Unidos y China.
Aunque Pekín no ha plasmado en ninguna parte sus planes de hegemonía y el presidente Xi declaró durante la reunión que «China no tiene planes de superar o reemplazar a EE.UU.», el gigante asiático es percibido como la principal amenaza para los intereses estadounidenses en todos los documentos estratégicos elaborados en Washington.
Ambos partidos están interesados en preservar la hegemonía mundial de Estados Unidos e intentan impedir el ascenso de China, pero tienen razones diferentes para hacerlo. Los republicanos están muy preocupados por el creciente poderío militar chino. Los congresistas neoconservadores concuerdan con el enfoque del expresidente estadounidense Ronald Reagan, que percibía a la URSS como un «imperio del mal». Por su parte, los demócratas también se caracterizan por un enfoque ideológico: ven a China a través del prisma de la lucha entre «democracias» y «autocracias». Un claro ejemplo fue cuando el presidente Biden volvió a llamar «dictador» a Xi Jinping inmediatamente después de su reunión. Al ser preguntado por una reportera si seguiría refiriéndose a Xi como un dictador, el mandatario respondió: «Mire, lo es. Es un dictador en el sentido de que es un tipo que dirige un país que es comunista y se basa en una forma de gobierno totalmente diferente a la nuestra«.
La atención del Congreso hacia China no ha hecho más que aumentar en los últimos años. Entre 2013 y 2021, el número de proyectos de ley que afectan al país asiático se multiplicó por seis.
Durante este tiempo, el Congreso reforzó los lazos de EE.UU. con Taiwán, autorizó miles de millones de dólares más de gasto militar para contener a las Fuerzas Armadas chinas, restringió el acceso de China a los semiconductores, cuestionó la legitimidad del Partido Comunista de China y apoyó los esfuerzos del Poder Ejecutivo para crear una amplia coalición regional y mundial contra Pekín.
La cuestión de Taiwán seguirá siendo la manzana de la discordia durante años
La cuestión de Taiwán es uno de los temas más candentes en las relaciones bilaterales entre China y EE.UU. En los últimos años, el compromiso militar y político de Washington con la isla ha provocado una escalada de tensiones en las relaciones con Pekín.
En 2022, 28 congresistas visitaron Taipéi, marcando un récord en diez años. Entre ellos se encontraba la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien se convirtió en la funcionaria estadounidense de mayor rango en viajar a Taiwán en 25 años.
La decisión de viajar a la isla en un momento en el que la Casa Blanca se esforzaba por reducir las tensiones con Pekín puso de manifiesto la distancia existente entre los poderes Ejecutivo y Legislativo del país norteamericano.
Tras la visita de Pelosi, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. se reunió para debatir un controvertido proyecto de ley llamado Ley de Política de Taiwán, que contaba con el doble patrocinio del entonces presidente del comité, Robert Menéndez, y su homólogo republicano, el senador James Risch. La legislación habría mejorado las relaciones de EE.UU. con Taiwán exigiendo la confirmación por el Senado del representante de EE.UU. en Taipéi, habría convertido a Taiwán en un importante aliado no perteneciente a la OTAN, habría proporcionado a la isla 6.000 millones de dólares en fondos de defensa adicionales y habría impuesto duras sanciones a China en caso de intentar iniciar una operación militar. El proyecto de ley fue aprobado con 17 votos a favor y 5 en contra.
Algunas de las disposiciones del proyecto de ley fueron revisadas e incluidas en el presupuesto de defensa de EE.UU. para 2023, denominado Ley de Mejora de la Resiliencia de Taiwán (TERA, por sus siglas en inglés). La autoridad de TERA se mantiene hasta 2028.
Como han señalado los investigadores de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, «el episodio fue un claro ejemplo de hasta qué punto los congresistas de ambos partidos estaban dispuestos a presionar a la Casa Blanca para que adoptara medidas más agresivas contra Pekín en relación con Taiwán».
¿Intereses nacionales o comerciales?
Uno de los aspectos más importantes de la rivalidad entre Washington y Pekín es la seguridad. La preocupación de los congresistas por la modernización militar de China repercute directamente en el presupuesto de defensa estadounidense y en su crecimiento.
Las menciones a China en el proyecto de presupuesto militar anual de EE.UU. se han multiplicado por diez en los últimos cinco años, pasando de 32 en el presupuesto de 2018 a 268 en el de 2023.
Para numerosos congresistas, el aumento del gasto en defensa tiene un beneficio directo, porque sus estados albergan empresas del complejo militar-industrial. Por ejemplo, el senador Lindsey Graham se ha opuesto repetidamente a los recortes en el gasto militar y ha pedido un aumento de la Armada estadounidense en el presupuesto militar de 2024. El estado de Carolina del Sur, al cual representa en el Senado, alberga varias fábricas y bases navales estadounidenses que generan un gran número de puestos de trabajo. Además, muchos de los congresistas empeñados en enfrentarse a China reciben directamente financiación de grandes empresas de defensa. Según los datos disponibles, los principales contratistas de defensa estadounidenses, como Lockheed Martin, General Dynamics y otros, han gastado más de 70 millones de dólares solo este año en presionar a los congresistas para que aumenten el gasto militar.
¿Comité de confrontación?
Además, en enero de este año, la Cámara de Representantes creó un comité especial sobre la competencia estratégica con China, presidido por el congresista republicano Mike Gallagher.
Este comité especial no tiene jurisdicción como los comités permanentes de la Cámara, ya que se encarga de investigar y hacer recomendaciones al Congreso. Sin embargo, algunos de sus miembros también están en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, y hay personal en el comité selecto que puede crear proyectos de ley para que los congresistas los presenten. Esta disposición tiende a aumentar el número total de proyectos de ley que se están debatiendo en el Congreso sobre China. Aunque el comité especial es solo un órgano consultivo, muchas de estas recomendaciones se han incorporado al proyecto de presupuesto de defensa para 2024.
El gran número de proyectos de ley antichinos, el consenso entre partidos y la debilidad de las voces alternativas, el aumento del gasto militar y la creación del comité especial demuestran que el enfrentamiento entre Estados Unidos y China se encuentra en una espiral de escalada. Las intenciones declaradas de los políticos solo pueden ralentizarla, pero no detenerla por completo.
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